Una operación inmobiliaria constituye un acto de suma importancia en la experiencia de vida de una persona, ya sea que se trate de la adquisición de una casa destinada a residencia, alquilar el primer departamento para una pareja de recién casados o comprar un lote en un paisaje soñado. Dada la trascendencia del caso, es natural que surjan motivos de incertidumbre y hasta preocupación, situaciones desagradables cuyos efectos pueden minimizarse con la adopción de una sencilla pero fundamental medida: contar con el asesoramiento de un Martillero Corredor Público matriculado.
Un Martillero Corredor Público está habilitado por su título profesional a practicar tasaciones, avalúos y/o peritajes de cualquier tipo de bien, ya sea mueble o inmueble; a intervenir en todos los actos propios del corretaje, ya sea sobre bienes muebles o inmuebles; a asesorar sobre contratos; y a administrar propiedades, consorcios, barrios cerrados y countries.
Y el hecho de que esté matriculado en el Colegio Profesional certifica que esta entidad velará por el cumplimiento de una buena labor profesional por parte de sus colegiados. De esta manera, todo Martillero Corredor Público matriculado en la Ley 7.191 está legalmente habilitado para percibir sus honorarios por los servicios brindados en operaciones de corretaje inmobiliario.
En este sentido, además de aconsejar y orientar en cuanto a la mejor opción de negocio, el profesional interviniente en una operación inmobiliaria se asegura de que la misma se realice con la debida transparencia. Con este objetivo, el Martillero Corredor Público comprueba la existencia de los instrumentos (títulos, certificados del registro de la propiedad y las personas, deudas de impuestos, etc.) que acrediten la propiedad del inmueble y la determinación de un precio justo. De este modo, el comprador y el vendedor tienen la certeza de llevar adelante una operación justa y sin riesgos, evitando caer en situaciones fraudulentas.
Otro aspecto en el que la intervención de un Martillero Corredor Público ofrece garantías y tranquilidad es en el de la tasación, un tema crucial en un mercado tan sujeto a vaivenes como el argentino. De este modo, con la intervención del profesional, no sólo se determina el valor justo de un inmueble sino que también se facilita el éxito de la comercialización.
En este sentido, además de aconsejar y orientar en cuanto a la mejor opción de negocio, el profesional interviniente en una operación inmobiliaria se asegura de que la misma se realice con la debida transparencia. Con este objetivo, el Martillero Corredor Público comprueba la existencia de los instrumentos (títulos, certificados del registro de la propiedad y las personas, deudas de impuestos, etc.) que acrediten la propiedad del inmueble y la determinación de un precio justo. De este modo, el comprador y el vendedor tienen la certeza de llevar adelante una operación justa y sin riesgos, evitando caer en situaciones fraudulentas.
Otro aspecto en el que la intervención de un Martillero Corredor Público ofrece garantías y tranquilidad es en el de la tasación, un tema crucial en un mercado tan sujeto a vaivenes como el argentino. De este modo, con la intervención del profesional, no sólo se determina el valor justo de un inmueble sino que también se facilita el éxito de la comercialización.
Tal es la importancia de este profesional que también está habilitado para intervenir como auxiliar de Justicia en la ejecución de sentencias de remate y efectuar ventas en remates particulares, oficiales o judiciales de bienes muebles, inmuebles, semovientes, acciones, títulos, etc., cuya enajenación no esté prohibida. Asimismo, toma parte en el gerenciamiento, administración e intermediación de la actividad inmobiliaria.
Entonces, ¿por qué asesorarse con un Martillero Corredor Público?
Porque es el profesional idóneo y capacitado para brindar seguridad jurídica y llevar a buen puerto un acto de tanta trascendencia como una operación inmobiliaria. Su intervención y juicio brindan la seguridad que todas las partes intervinientes en la negociación necesitan para tener la certeza de que se cumplen los requisitos legales correspondientes y se establece un valor justo, según las características del mercado que se trate